La Comisión Europea ha publicado el Código de Conducta de la UE para la sostenibilidad de las redes de telecomunicaciones, un documento técnico de referencia que establece buenas prácticas y criterios comunes para reducir el impacto ambiental de las infraestructuras de comunicaciones electrónicas en Europa. El Código, elaborado por el Centro Común de Investigación (JRC) y publicado por la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, se enmarca en el Plan de Acción para la Digitalización del Sistema Energético de 2022 y refuerza los objetivos climáticos de la Unión Europea.
El nuevo Código de Conducta responde a la necesidad de disponer de una metodología homogénea que permita evaluar y mejorar la sostenibilidad ambiental de las redes de telecomunicaciones a lo largo del tiempo. Tras analizar la viabilidad de definir indicadores comunes de huella ambiental, el documento establece ocho indicadores clave que cubren aspectos relacionados con el consumo energético, el clima y otros factores ambientales relevantes para este tipo de infraestructuras.
Prácticas basadas en estándares y foco en la fase operativa
Estos indicadores permiten a los distintos actores del sector evaluar el impacto ambiental de sus redes en las diferentes fases del ciclo de vida, desde el diseño y la fabricación hasta el despliegue, la operación, el mantenimiento, la auditoría y el desmantelamiento de los equipos.
El Código de Conducta define un conjunto de prácticas esperadas y opcionales, aplicables tanto a la infraestructura de red en su conjunto como a segmentos específicos, siempre que sea posible. Cada una de estas prácticas se apoya en estándares reconocidos o en conjuntos de estándares complementarios, con especial atención a la definición de procesos organizativos y a las especificaciones técnicas para la recopilación, el análisis y la presentación de datos de sostenibilidad ambiental.
Aunque el documento contempla todo el ciclo de vida de la infraestructura, pone un énfasis particular en la fase de operación, donde los estándares están más consolidados y donde se concentra una parte significativa del impacto ambiental de las redes de telecomunicaciones. No obstante, también identifica prácticas relevantes para otras fases, como aquellas vinculadas a la economía circular y la gestión de residuos electrónicos, que podrían adquirir mayor peso en futuras revisiones del Código.
Un enfoque orientado a la mejora continua
Las prácticas recogidas en este Código de Conducta podrían servir de base para el desarrollo de criterios técnicos de selección que permitan evaluar la contribución sustancial de las redes de telecomunicaciones a la mitigación del cambio climático, en el marco del Reglamento de Taxonomía de la UE. De este modo, el documento no solo actúa como guía técnica, sino también como referencia estratégica para la alineación del sector con las políticas climáticas europeas.
El alcance del Código se limita a las redes de comunicaciones electrónicas definidas en la Directiva (UE) 2018/1972, centrándose exclusivamente en los aspectos más relevantes para la sostenibilidad ambiental. Quedan fuera cuestiones como la biodiversidad, el uso del agua, la contaminación, las condiciones laborales o la inclusión social, que se abordan en otros marcos normativos europeos más amplios, como los Estándares Europeos de Información sobre Sostenibilidad (ESRS).
Dado que comparar directamente distintas infraestructuras de red resulta complejo debido a factores como la geografía, la densidad de población o los requisitos de licencia, el Código de Conducta prioriza la medición de mejoras a lo largo del tiempo dentro de cada red. De este modo, proporciona una metodología común a escala europea que facilita el seguimiento de avances reales en sostenibilidad, independientemente de las características específicas de cada infraestructura.
El Código de Conducta de la UE para la sostenibilidad de las redes de telecomunicaciones ha sido publicado oficialmente el 28 de enero de 2026, consolidándose como un nuevo referente para operadores, fabricantes y responsables de políticas públicas en el proceso de transición hacia redes más eficientes y sostenibles.
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