Hace unos días hablamos de la nueva normativa que estaba a punto de entrar en vigor. Con el Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre, llegan cambios importantes que, en caso de incumplimiento, pueden traducirse en sanciones de hasta 900.000 euros.
Se trata de una norma que afecta a todos los hogares que tengan contratada a una persona para realizar tareas domésticas. Si ya explicamos qué había que hacer antes de su entrada en vigor, ahora que la norma es una realidad toca repasar qué puede ocurrir si no se cumple con lo que exige.
Actuar casi como empresas
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El decreto antes mencionado está en vigor desde septiembre de 2024 y será plenamente exigible desde el 14 de noviembre de 2025. Con él, el hogar pasa a formar parte del marco formal de la Prevención de Riesgos Laborales (PRL), un cambio sin precedentes.
Cómo si fuesen una empresa. Desde ahora, todas las personas que tengan contratada a alguien para realizar las tareas domésticas deberán convertirse, en cierto modo, en expertos en prevención de riesgos laborales. El Real Decreto 893/2024 convierte a las familias que contratan empleados del hogar en empleadores con obligaciones de prevención de riesgos laborales, igual que cualquier empresa.
En la práctica esto supone que, si no cumplen la normativa, pueden ser sancionados según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) en materia de seguridad laboral y ojo por que las cantidades pueden ser muy importantes.
Las multas van desde los 45 euros hasta los 49.180 euros por infracciones graves. Pero no quedan ahí las cantidades ya que en caso de accidentes laborales, las sanciones pueden llegar incluso a 983.736 euros, y la advertencia oficial es que podrían alcanzar hasta 900.000 euros. Así quedan las posibles multas:
- Leves: de 45 a 2.450 euros.
- Graves: de 2.451 a 49.180 euros.
- Muy graves: hasta 983.736 euros.
El problema que tiene la Ley
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Sin embargo y tal y como informan desde Economist & Jurist, esta normativa tienen por delante un gran handicap: la inviolabilidad del domicilio, recogida en el artículo 18.2 de la Constitución.
El ámbito doméstico presenta particularidades propias, ya que se trata de un espacio privado. Por ello, el decreto recuerda este límite en su disposición adicional primera, remarcando que la Inspección de Trabajo (para la actuación inspectora) no puede entrar en una vivienda sin permiso o sin autorización judicial, por lo que las comprobaciones se limitarán a pedir documentación, realizar entrevistas fuera del domicilio o intervenir solo en caso de denuncia o accidente.
Para facilitar el cumplimiento, existen herramientas como la plataforma Evalúa-Hogar, disponible en el portal Prevencion10.es, que ayuda a elaborar la evaluación de riesgos y el plan de medidas preventivas.
Este cambio es especialmente relevante para cualquier hogar que emplee a una persona para tareas domésticas. Dejará de ser una relación puramente privada y pasará a estar sujeta a obligaciones legales de prevención de riesgos, lo que implica posibles sanciones y responsabilidades si no se cumple con la normativa.
Este Real Decreto busca cumplir el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, un tratado internacional de 2011 que establece normas laborales y protege los derechos de los trabajadores domésticos y que busca que el trabajo doméstico tenga condiciones dignas y equivalentes a las de cualquier otro empleo, eliminando la precariedad y los abusos. Para ello, obliga a los países que lo ratifican a garantizar derechos como contrato, salario justo, seguridad social y protección frente a la violencia y el acoso.
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La noticia
Cómo es el hogar familiar con la nueva ley: te pueden caer hasta 900.000 euros de multa si no haces caso a la normativa
fue publicada originalmente en
Xataka Smart Home
por
Jose Antonio Carmona
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