Cataluña va a abrir un melón legislativo que hasta hace poco parecía intocable: restringir la compra de viviendas cuando el objetivo sea especulación. El Govern de Salvador Illa, en colaboración con los Comunes, ha constituido un grupo de trabajo cuyo propósito es analizar la viabilidad jurídica de impedir que se adquieran casas como inversión en las zonas más castigadas por los precios. El objetivo es tener un primer informe listo entre finales de este año y principios de 2026 para, posteriormente, trasladar la propuesta al Parlament.
El contexto de la medida: emergencia habitacional. Según datos de Idealista, en el último año los precios en Cataluña han subido un 7,1% en el alquiler y un 9,7% en la compraventa. Desde los Comunes denuncian una situación de «competencia desleal», señalando que el 60% de las operaciones en España ya se efectúan al contado, muchas veces por parte de fondos o inversores que buscan rentabilidad inmediata, desplazando a las familias que necesitan un hogar.
Una «situación excepcional». La base teórica de esta medida se sustenta en un informe encargado por el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB) y elaborado por el jurista y profesor de la UB, Pablo Feu. La conclusión del estudio es clara: la medida es viable. Según el documento, existe amparo legal para restringir la adquisición de inmuebles con fines especulativos basándose en la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional, la cual permite limitar ciertos derechos ante una «situación excepcional de riesgo de pérdida del derecho de acceso a la vivienda por la mayoría de la población».
La propuesta se aplicaría solo en las Zonas de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT). No es poca cosa: en Cataluña suponen 271 municipios y concentran a casi el 90% de la población. En ellas solo se permitiría comprar vivienda si es para «uso habitual y permanente» del comprador.
Letra pequeña y las excepciones. Para garantizar la proporcionalidad y evitar que la norma caiga antes de aprobarse, el informe de Feu detalla excepciones clave. No se trata de prohibir toda inversión, sino la especulativa. Por ejemplo, se permitiría la compra de edificios enteros si el inversor se compromete a destinar las viviendas al alquiler habitual durante un periodo de entre 5 y 7 años, alejándolas del mercado turístico o de temporada. Asimismo, se permitiría comprar segundas residencias en zonas tensionadas, siempre y cuando se destinen al uso personal y no al negocio.
Janet Sanz, vinculada al impulso de esta medida, ha sido tajante al respecto: «No hablamos de una idea teórica ni utópica». Según Sanz, se busca evitar casos donde «un privado puede comprar un bloque de edificios entero y desahuciar a los vecinos». Para ello, el PEMB ya ha solicitado reuniones con el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Ministerio de Vivienda.
No es necesario esperar a una nueva ley estatal. O así lo ve el informe jurídico, que defiende que tanto la Generalitat como los ayuntamientos tienen competencias urbanísticas para intervenir. Además, recuerda que no es un experimento inédito: países como Dinamarca, Finlandia o Malta, y ciudades como Ámsterdam, ya aplican restricciones similares amparadas por el derecho comunitario.
Vía | Xataka
Imagen | Logan Armstrong en Unsplash
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La noticia
En Cataluña hay una nueva idea en marcha: prohibir la venta de casas para invertir. Y tiene el apoyo del Gobierno de la Generalitat
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Xataka Smart Home
por
Antonio Sabán
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