La regulación de los servicios en el hogar está experimentando un cambio profundo en numerosos países, impulsando la protección de los trabajadores domésticos y mejorando la calidad de la atención que reciben las personas dependientes en sus domicilios. El ámbito del empleo doméstico, históricamente caracterizado por la informalidad y la falta de reconocimiento, afronta ahora una transformación sustancial con nuevas leyes que establecen obligaciones y derechos tanto para empleadores como para empleados.
Este nuevo marco normativo no solo afecta a quienes trabajan en tareas del hogar, sino que también redefine la oferta de servicios de apoyo a personas en situación de dependencia y discapacidad. Las recientes reformas introducen importantes novedades en la gestión de la calidad, supervisión, acceso a derechos laborales, tecnología y personalización de la asistencia en el entorno doméstico y comunitario.
Formalización laboral: contratos escritos y registro obligatorio
Una de las medidas centrales de estas reformas es la obligatoriedad de formalizar la relación laboral en el servicio doméstico mediante contrato escrito y su registro ante las autoridades laborales. De este modo, se busca dejar atrás la precariedad de los acuerdos verbales, garantizar el acceso a derechos fundamentales y reducir la elevada tasa de informalidad en el sector. En países como Colombia, esta exigencia responde a compromisos internacionales y supone un avance notable en la protección de miles de trabajadoras, muchas de ellas cabeza de familia.
El contrato debe detallar condiciones laborales como jornada máxima, periodos de descanso, funciones y remuneraciones. Además, se establece un plazo para regularizar situaciones existentes y se prevén sanciones económicas en caso de incumplimiento. El registro digital de estos contratos facilita la supervisión oficial y permite detectar y corregir posibles vulneraciones de derechos.
Derechos y medidas de protección: Seguridad, prestaciones y horarios
Las nuevas regulaciones abordan de forma integral la seguridad y salud ocupacional en el hogar. Por primera vez, se reconoce legalmente a los empleados domésticos como sujetos de protección en materia de riesgos laborales, acceso a equipos de protección, formación en prevención y derecho a denunciar situaciones peligrosas ante las autoridades competentes.
El marco normativo establece además la reducción progresiva de la jornada semanal sin disminución salarial y la exigencia de pagos correctos por horas extra y trabajo nocturno. Se refuerzan las prestaciones sociales obligatorias, tales como seguro de salud, pensión, riesgos laborales, cesantías, primas y vacaciones, asegurando una cobertura equiparable a la del resto de trabajadores.
Una novedad destacada es la posibilidad de presentación de denuncias por incumplimiento de las condiciones laborales y la vigilancia intensificada por parte de las autoridades. Para los empleadores, el desconocimiento de estas obligaciones puede llevar a la imposición de penas económicas significativas.
Mejora de los servicios a la dependencia y asistencia domiciliaria
La regulación de los servicios en el hogar no se limita al ámbito laboral, sino que también amplía el catálogo de prestaciones y apoyos para personas en situación de dependencia y discapacidad. Las reformas legislativas incluyen nuevos modelos de atención personalizada, asistencia personal, ayudas técnicas y el despliegue de servicios de teleasistencia universales, asegurando que nadie quede excluido en función de su lugar de residencia.
Se eliminan incompatibilidades previas, se refuerza la autonomía del usuario para elegir servicios y se reconoce la importancia de cuidadores familiares y entornos colaborativos. Además, los centros de día asumen un papel comunitario más activo, ofreciendo apoyos en los propios domicilios y facilitando la integración y participación social.
La coordinación entre los sistemas sanitario y social garantiza una atención integral, evitando situaciones de desprotección como las vividas durante emergencias recientes. Además, la norma promueve la accesibilidad universal mediante ayudas y reformas legales que facilitan la adaptación de viviendas y espacios comunitarios.
Calidad, empleo y tecnología en los servicios del hogar
La gestión de la calidad se convierte en un eje fundamental. Tanto la Organización Mundial de la Salud como los gobiernos nacionales y regionales recomiendan establecer estándares e indicadores para evaluar y mejorar la atención domiciliaria. Se desarrollan mecanismos de aseguramiento mediante inspección, acreditación y formación profesional permanente, garantizando que la atención sea segura, adecuada y centrada en la persona.
Se reconoce también la importancia del empleo de calidad en el sector, estableciendo criterios sobre el número y cualificación de los profesionales, la formación continua y la protección ante riesgos laborales. Además, la introducción de nuevas tecnologías —desde la teleasistencia a la inteligencia artificial— está regulada bajo principios de autonomía, privacidad y transparencia, con especial atención a la eliminación de sesgos y la adaptación a las particularidades de los usuarios.
Desafíos, innovación y acceso universal
El proceso de transformación regulatoria exige adaptación y aprendizaje tanto para empleadores como para trabajadores y usuarios de servicios. Los marcos legales se están diseñando para ser flexibles y responder a los desafíos demográficos, sociales y tecnológicos, promoviendo la innovación y la inclusión en modelos de atención domiciliaria.
La colaboración entre instituciones, la simplificación de trámites, la creación de espacios piloto y la puesta en marcha de plataformas digitales de registro e información juegan un papel clave en este proceso. La finalidad última es que todas las personas puedan acceder a servicios del hogar de calidad, con garantías de derecho, seguridad y bienestar.
Estos cambios sitúan a los servicios en el hogar en una nueva dimensión, en la que la dignidad, la profesionalización y la protección de derechos se colocan en el centro de la regulación, promoviendo un reconocimiento y valoración del trabajo doméstico como pieza esencial del bienestar social.