Hasta el próximo 13 de octubre estará abierto el plazo para realizar aportaciones sobre el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones (APL), a través de la página web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Mineco).
La futura Ley General de Telecomunicaciones realizará la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el código europeo de las comunicaciones electrónicas. La tramitación y aprobación de una nueva Ley es uno de los compromisos de la estrategia ‘España Digital 2025’ en el ámbito de la conectividad, eje fundamental de la transformación digital.
El anteproyecto incluye la regulación de los servicios de comunicaciones electrónicas y aspectos relativos a los equipos de telecomunicaciones, infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios y todos los usos del dominio público radioeléctrico.
Accesibilidad a las telecomunicaciones
Como novedad, se regulan por primera vez los servicios de comunicación interpersonales no basados en numeración o de mensajería. Se imponen obligaciones de carácter administrativo, como la inscripción en el Registro de Operadores y la observación de medidas de seguridad de acuerdo con los riesgos propios de su naturaleza diferenciada respecto a los servicios tradicionales.
En un contexto marcado por la importancia de las redes de telecomunicaciones debido a la COVID-19, el anteproyecto pretende favorecer un acceso en igualdad de condiciones y asequible a las comunicaciones electrónicas con la renovación y flexibilización del servicio universal.
Por una parte, elimina elementos como las cabinas y las guías telefónicas. Por otra, incluye que las velocidades de acceso garanticen la prestación de modo funcional de determinados servicios digitales esenciales como correo electrónico, noticias en línea o banca online. Asimismo, para garantizar la asequibilidad, y a la vez, la capacidad de elección del usuario, se establece la posibilidad de que el servicio universal pueda ser prestado por todos los operadores.
En lo referente a los derechos de los usuarios, se refuerza la transparencia de los contratos, se limita su duración y se regulan, por primera vez, los paquetes de servicios. Además, amplía los derechos en el ámbito de la portabilidad móvil y las obligaciones de accesibilidad para los usuarios con discapacidad.
La norma refuerza también las capacidades de los servicios de comunicaciones de emergencia. Se amplían las posibilidades de actuación e información que facilitarán un servicio 112 más efectivo a las comunidades. En concreto, se introducen nuevas facilidades para el desarrollo de sistemas de alerta a la población en caso de catástrofes o emergencias, y así disponer de una ubicación más precisa de las personas que efectúan llamadas al 112.
Normas para el espectro radioeléctrico
Otra novedad es la revisión de las normas relativas a la gestión del espectro radioeléctrico, con el objetivo de facilitar el despliegue de las redes 5G y otros servicios inalámbricos innovadores. La más importante de estas reformas es la determinación de una duración mínima de 20 años para las licencias asociadas a los usos limitativos de espectro.
Por último, el anteproyecto de ley conserva sustancialmente el marco legal español en lo relativo al apoyo al despliegue de infraestructuras, que ha propiciado la inversión privada y el desarrollo en España de una extensa red de fibra óptica.
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