El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente el real decreto que constituye el reglamento de condiciones básicas de accesibilidad cognitiva, una norma destinada a garantizar que las personas con dificultades de comprensión puedan ejercer sus derechos y deberes de ciudadanía en condiciones de igualdad y sin discriminación. La norma prevé herramientas, recursos y soluciones para hacer cognitivamente accesibles espacios y servicios como centros sanitarios, telecomunicaciones, espacios públicos e infraestructuras. Además, el texto incorpora soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la comunicación y la orientación.
El reglamento, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, fija cómo debe asegurarse la accesibilidad cognitiva en ámbitos esenciales de la vida cotidiana. Su objetivo es facilitar que cualquier persona pueda comprender la información, comunicarse, orientarse en los entornos, y llevar a cabo actividades con autonomía.
Herramientas para facilitar la comprensión
Entre las medidas previstas figuran instrumentos que favorecen la comprensión de la información y la comunicación, como el lenguaje claro, la lectura fácil y los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. También se incluyen recursos de orientación, entre ellos la señalización accesible y los pictogramas.
El texto incorpora además soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la comunicación, la orientación y la ejecución de tareas. Estas medidas deberán adaptarse a las características de cada ámbito de aplicación para garantizar una accesibilidad cognitiva efectiva.
El decreto adopta un enfoque universalista para beneficiar al mayor número posible de personas con dificultades de comprensión. Entre los colectivos citados se encuentran personas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido, autismo, problemas de salud mental o parálisis cerebral, así como personas mayores con deterioro cognitivo, personas en situación de analfabetismo y personas migrantes que no dominan las lenguas del Estado.
Ámbitos de aplicación del reglamento
Con la aprobación de este reglamento se cumple la disposición adicional segunda de la Ley 6/2022 de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, en lo relativo a las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva aplicables en todo el territorio nacional.
El nuevo marco se configura como la primera regulación transversal en España sobre este tipo de accesibilidad en la actuación de las administraciones públicas y de los distintos prestadores de bienes y servicios. El reglamento desarrolla requisitos generales sobre información y comunicación que deberán cumplir agentes públicos y privados.
Las normas específicas se aplicarán a telecomunicaciones y sociedad de la información; espacios públicos, infraestructuras y edificación; transportes; bienes y servicios a disposición del público, incluidos los sanitarios; relaciones con las administraciones públicas; Administración de Justicia; participación en la vida pública y procesos electorales; patrimonio cultural e histórico; y empleo.
En cada uno de estos ámbitos se establecen obligaciones concretas, ajustadas a sus características, con el fin de garantizar que las personas con dificultades de comprensión puedan acceder a la información, orientarse y utilizar los servicios en condiciones equiparables al resto de la ciudadanía.
El Ministerio de Derechos Sociales, a través del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG), trabaja ya en la elaboración de guías para facilitar la aplicación de las condiciones recogidas en el reglamento por parte de los organismos públicos y las entidades privadas responsables.
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